La autora considera que el sistema aeroportuario español, por su carácter público y centralizado, además de constituir una excepción o singularidad en el panorama aeroportuario europeo y mundial, donde imperan las orientaciones privatizadoras y descentralizadoras, no encuentra adecuado encaje ni con la organización territorial derivada de la Constitución de 1978, ni con el escenario de mercado derivado de la liberalización comunitaria de los servicios de transporte aéreo.
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